Las medidas cautelares en sede laboral. En particular las diligencias de reinstalación de la mujer trabajadora embarazada

Abstract

Las medidas cautelares corresponden a unos de los grandes aportes del Derecho que buscan alcanzar la justicia pronta y cumplida. El atraso de los procesos judiciales resulta ser un presupuesto perenne y casi inasequible de solucionar, tanto en nuestro país como fuera de él. Algunos aspectos que contribuyen a este atraso es el alto volumen de litigiosidad en los tribunales, el cual considero, es uno de los más graves, además de las redacción de leyes que impiden un ágil desarrollo del proceso, la ambigüedad de éstas, lo que genera discusiones en realidad inútiles y la posibilidad de recurrir autos sin necesidad. Para ejercer las medidas cautelares son necesarios litigantes estudiosos del derecho e innovadores, así como jueces valientes que tomen decisiones de esta naturaleza en forma acertada y rápida. Claro está, es preciso que se acrediten los presupuestos para dictar la medida cautelar. En sede constitucional, contencioso administrativa y civil se ha profundizado acerca del tema, no obstante, en materia laboral la profundización de las medidas cautelares es ínfima, no se observa una aplicación adecuada en cuanto al objeto de éstas, a pesar de corresponder a una materia social, en donde la actuación jurisdiccional debe ser inmediata y audaz. El tema del despido de la mujer embarazada y su reinstalación cuando se realiza 4 de forma arbitraria se ha discutido en muchos entornos, sin embargo, en este estudio trataré de definir la naturaleza procesal de la reinstalación a efecto de determinar cuál es el camino correcto a seguir, cuando se solicita ante la autoridad judicial, la reinstalación. De igual manera es menester tener presente los bienes jurídicos que se pretenden resguardar con estas medidas, pues no sólo se trata de evitar la discriminación de género, sino también de buscar proteger a la persona concebida. Esta protección es una obligación, un mandato constitucional; asimismo, trasciende hacia el derecho internacional, al existir convenios internacionales que comprometen al Estado para que interactúe y tome las medidas necesarias para que la discriminación sea suprimida.