Derecho de la función pública de los funcionarios/as al servicio de la Defensoría de los Habitantes de la República

Abstract

A diez años de su creación en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y en general, la figura del ombudsman, ha sido objeto de una gran cantidad de estudios, por parte de aquellas personas interesadas en las instituciones de protección y control en materia de derechos humanos. Antecedentes, naturaleza jurídica, procesos de defensa, alcances de sus resoluciones etc, son apenas algunos de los tópicos propuestos en dichas investigaciones, que a lo sumo, harán mención a aspectos administrativos como el organigrama, presupuesto y a la plantilla, por encontrarse ajeno el tema al objeto de su estudio. Este plantemiento hace que sea menos común encontrar investigaciones que desarrollen el tema del derecho de la función pública en relación con instituciones como la Defensoría de los Habitantes, los que han sido relegados a empresas consultoras, especialistas en estructura organizacional, que desde una óptica de los procesos de trabajo y bajo la supervisión de los profesionales en administración de recursos humanos, son hoy por hoy los responsables de la definición de la relación entre las entidades y los servidores/as. La experiencia vivida en la administración pública, permite establecer que la definción de políticas en materia de recursos humanos se estructuran en función de la materia presupuestaria. La creación de plazas, procesos de reclasificación, reasignación, etc, se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestaria, mas que al análisis de la existencia y desarrollo de derechos de los funcionarios/as. Bajo esta metodología de trabajo, los juristas han quedado atrás en el proceso, traduciendo al ámbito legal a la realidad, lo que no siempre a dado como resultado una regulación sana en materia de relaciones de servicio entre las instituciones y sus servidores. Otro elemento que se adiciona al problema planteado, es determinar quiénes, dentro de la rama jurídica, han sido llamados a participar en la elaboración de la normativa que rige la materia del derecho en la función pública. Dicha responsabilidad durante muchos años recayó en los administrativistas. De hecho y quizás el instrumento jurídico mas importante y sobre el que se fundamenta gran parte de las relaciones entre el Estado y sus servidores, es la Ley General de la Administración Pública, obra de especilistas en derecho administrativo, como su gran exponente, el Dr. Eduardo Ortiz.