| dc.description.abstract | No cabe duda que la sociedad costarricense a partir de la última década pero especialmente durante el año 2004, se ha visto sometida a convulsos procesos de cambio, frente a los cuales el modelo tradicional de toma de decisiones, se ha visto seriamente afectado y ello está poniendo en entredicho las estrategias de desarrollo que se venían manejando desde antaño y que, para la mayoría, están completamente desactualizadas. Además de ello, ese modelo tradicional de gobernar el país, ha colocado a la mayoría de los sectores gubernamentales y a las diferentes instituciones del Estado frente a una grave crisis de ingobernabilidad nunca antes vista, y que requiere la adopción de estrategias urgentes para enfrentarla.
Aunado a lo anterior, personajes políticos reconocidos en la vida pública del país, se han visto involucrados en acusaciones de carácter penal y el cuestionamiento que se ha hecho respecto de ellos, ha terminado de poner en entredicho las estructuras que se venían manejando en el país, llegándose al extremo de una pérdida de confianza en los poderes públicos, especialmente aquéllos vinculados con el manejo de la cosa pública y de los recursos de los costarricenses.
Ahora bien, en vista de que la visión de país no se puede segregar irresponsablemente pues abarca tanto al ámbito público como al privado, no cabe duda que este panorama tan desalentador, aún cuando involucra de manera directa e inmediata al sector público, no deja de afectar de modo considerable al ámbito privado de la sociedad civil y por ello se hace indispensable que se empiecen a tomar medidas para frenar el malestar social existente pero sobre todo que se dicten estrategias para lograr el consenso nacional que se requiere para darle solución a los grandes temas nacionales que requieren una atención urgente e inmediata para evitar que este país se estanque y retroceda.
Una de esas iniciativas para propiciar un cambio desde la raíz del problema, aunque todavía muy tímida, es la promulgación por parte de la Asamblea
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Legislativa de la nueva Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No.8422 del seis de octubre del dos mil cuatro, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.212 del veintinueve de octubre del dos mil cuatro; legislación que parte de la conciencia adquirida y generalizada de que uno de los graves problemas que aqueja al Estado Costarricense es la corrupción en el ejercicio de la función pública y desde esta perspectiva, los fines de esa ley están dirigidos a prevenir, detectar y sancionar ese tipo de corrupción, lo cual, sin duda alguna, se traducirá también en beneficios para el sector privado.
La legislación señalada a pesar de que indica expresamente que sus disposiciones se aplicarán a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común, también se ha de aplicar a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión, con lo cual, en cuanto a este punto, no cabe duda de que algunos ámbitos del sector privado sí recibirán directamente la aplicación de esta legislación. | es_MX |
