La privatización de las cárceles: El caso de Costa Rica

Abstract

La internacionalización de la economía, los procesos dados por la unión de países, el fortalecimiento de poderes locales, el aumento de participación de organizaciones civiles en la realización de servicios sociales y la complejidad que se viene manifestando de la propia sociedad, han llevado a que los Estados pierdan su fuerza como un ente único. Muchos países de los cuales Costa Rica no es la excepción, se ven sometidos a decisiones tomadas fuera de sus fronteras, por ejemplo, en los Estados Unidos o por parte de las transnacionales. Por ello, sostener que el Estado ostenta el monopolio del poder de decisión es, en la actualidad, un error. Los procesos privatizadores de los servicios públicos que se iniciaron fundamentalmente por las políticas neoliberales, han ido acompañados de una disminución en la responsabilidad de los poderes del Estado. Un claro ejemplo es la privatización de cárceles, ocurrida en varios países, que en el caso de Costa Rica se concreta en el Centro de Atención Institucional de Pococí. Se tiene así, que “...la incorporación de capital privado a la actividad penitenciaria en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia etc., justificada en la necesidad de dar solución a diferentes problemas tales como el hacinamiento en los centros penitenciarios, la obsolencia del parque inmobiliario y del equipamento, la baja capacidad de construcción por parte del Estado y principalmente para cumplir con el deber constitucional de respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”1, ha hecho que los partidarios del neoliberalismo hayan convencido a varios gobiernos de la atractiva y beneficiosa idea de privatizar las cárceles en sus países.