| dc.description.abstract | La política criminal comprende el conjunto de medidas elaboradas con el fin de enfrentar el problema de la criminal idad, para dar una respuesta a la si tuación del
infractor de las normas jurídicas penalmente relevantes. Esas
medidas no necesariamente, corresponden al ámbito de los mecanismos del control formal, sino que implican, desde una perspectiva más ampl ia, un conjunto general de propuestas
sociales de diversa índole. Compart imos por eso, la opinión de Iván González 2006, p.76 al señalar : “…prefiero entender la política criminal como una discipl ina que no es ni
debe ser exclusiva de los juristas, pues su diseño, elaboración y puesta en práct ica, corresponde tanto al gobierno y a las autoridades penales como a los representantes del pueblo y a la comunidad misma y en esa medida, es en la vida social en donde se han de buscar los hechos que determinan una específica necesidad de reacción frente a conductas que pueden considerarse nocivas al orden social , datos que luego de anal izados en instancias inter y multidisciplinarias, deben pasar a consideración de los juristas, expertos económicos y sociales, afin de que a partir
de allí se establezcan las medidas de variada índole que deben ser diseñadas y puestas en marcha para lograr contrarrestar los efectos socialmente nocivos de la conducta, reaccionar contra quienes la real izan y modificar las condiciones materiales que favorecen su reproducción ” .
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, resul ta claro que la política de persecución penal representa una parte
importante de la política criminal . La definición de cuáles son las conductas que justifican la intervención más severa, que
puede real izar el Estado en el conjunto de los derechos de los ciudadanos, la forma de implementar esa intervención y los objetivos perseguidos con el la, const i tuyen temas que indudablemente, se ubican dentro de lo concebido como la política criminal .
Entonces, al hablar de la pol í t ica criminal , se hace referencia al conjunto de las decisiones y acciones estatales relacionadas con la actividad delictiva en una determinada sociedad, tanto para prevenirla, como para reprimirla. | es_MX |
