La prisión preventiva como respuesta efectiva, frente a la criminalidad costarricense

Abstract

La prisión preventiva es una de las herramientas del derecho procesal penal más utilizada por el Estado, para ejercer un control efectivo de coerción sobre la población. El uso o no de esta medida es un tema que encabeza las discusiones académicas, profesionales, legislativas y de opinión popular, precisamente, por la relación directa que existe entre su imposición y la solución del delito. Se considera que la prisión preventiva en la actualidad es el eje principal de la política criminal costarricense, que adquiere, incluso, un valor superior al de la pena de prisión. Ello encuentra respaldo en las últimas reformas legislativas que abogan por facilitar el uso de la prisión preventiva, para transformarla en una solución inmediata frente al crimen. Esta nueva función jurídica que se le asigna a un instituto cuyo nacimiento se motiva en la obtención de fines de aseguramiento procesal y no de reproche penal, genera la necesidad de realizar una investigación como la presente, con el fin de demostrar la desnaturalización de la cual ha sido objeto. El índice de la población penitenciaria sin sentencia y el análisis de la jurisprudencia nacional, son indicadores básicos que se analizan, para demostrar que el sistema judicial se vuelve un aparato complaciente con una política criminal populista, marcadamente represiva. Desde ahora se plantea la necesidad de definir el siguiente problema: ¿Es la prisión preventiva una solución inmediata a la criminalidad costarricense? Como hipótesis se tiene que: “la prisión preventiva al ser una medida cautelar del proceso, no puede perseguir fines sancionatorios, pues, en tal sentido se transforma en una pena. Juzgar de manera anticipada no solo violenta los derechos de los individuos investigados, sino que además, refleja el desinterés del estado por combatir las causas reales de la criminalidad y una inclinación absoluta a la represión, como la única solución al respecto”. Esta investigación no pretende demostrar cuál es la diferencia entre la prisión preventiva y la pena, sino por el contrario, exponer que en la balanza de la legislación 6 costarricense; se prefiere facilitar el uso de la prisión preventiva por barata y rápida para combatir la delincuencia, que invertir en un proceso penal que garantice el respeto de los intervinientes, pero que también es más lerdo y caro frente a la necesaria legitimación de los intereses políticos que defiende el Estados.