| dc.description.abstract | El modelo de familia costarricense ha variado significativamente en las últimas décadas, cada vez más parejas cohabitan en unión de hecho o unión libre para conformar nuevos hogares que alcanzan porcentajes cercanos a las familias matrimoniales.
Este tipo de convivencia se prolonga en el mayor de los casos, por muchos años, se engendran hijos, y construyen patrimonios. Las familias en unión libre, también están sujetas a procesos de violencia doméstica, y en particular a violencia patrimonial, que se manifiesta en desatención y abandono material de la conviviente y su descendencia.
Es una verdad mundialmente aceptada, que las mujeres sufren de discriminación, y las mujeres en unión libre, no escapan a esta realidad. La Hipótesis que plantea este trabajo es que desde el punto de vista de Género, el Estado costarricense incurre en violación a los derechos humanos por discrimina en razón del estado civil de las mujeres que conviven en unión de hecho, a las que otorga poca o ninguna protección de sus derechos, al privarlas, como veremos en el desarrollo de este trabajo, de la posibilidad de exigir a sus convivientes en forma automática e inmediata, de una pensión alimentaria que les permita adquirir los bienes de consumo y de servicio indispensables para la vida. Además, al negarles la presunción de paternidad, les impide a estas mujeres el reconocimiento automático de la paternidad a los hijos habidos en estas convivencias, y en consecuencia, también las priva del derecho a exigir alimentos para sus hijos. | es_MX |
