La inconstitucionalidad por omisión del seguro de desocupación en Costa Rica

Abstract

Hablar sobre el seguro de desocupación en Costa Rica no es realmente una labor sencilla. La carencia total de doctrina nacional y la exigua jurisprudencia del Tribunal Constitucional costarricense hacen del tema uno de especial complejidad. Y no es que sobre ello no se haya escrito nada. Es bien sabido que el sistema existe y funciona en países como España, Alemania, Suiza y otros de la Comunidad Europea, así como en Estados Unidos de Norteamérica, lo que permite, desde la perspectiva doctrinaria y jurisprudencial comparada, el estudio de la problemática que aquí se plantea. El advenimiento de los Estados Sociales de Derecho y los Estados Constitucionales, plantea una perspectiva distinta de las relaciones de poder entre los administrados y el poder público: el respeto por los derechos constitucionales y fundamentales de quienes conforman la población nacional, naturalmente desde una perspectiva social, que obliga a los Estados a tomar posiciones de poder menos rígidas o absolutas y decantar el quehacer político, económico y social, hacia un régimen garantista de los derechos sociales declarados en el texto constitucional. Y no es que el Estado, en esta etapa de su desarrollo, haya retomado un sentido socialista o de ideología comunista, sino que, por influencia directa de la doctrina social de la Iglesia Católica, su tendencia es de protección a los derechos que nacen y se nutren de la interacción social entre diversos sectores. Debe quedar claro que dista mucho un Estado socialista de un Estado Social de Derecho. En el primero se esbozan teorías de masas que buscan satisfacer intereses comunes, con una estructura política de un solo partido y un líder, convirtiéndose a la masa, normalmente obrera o asalariada, en el medio para lograr los cometidos del partido. Por su parte, el Estado Social de Derecho propugna una estructura democrática, multipartidista o bipartidista, como en los Estados Unidos de Norteamérica, que busca el bienestar de los miembros de la sociedad como detentadores del poder público, más no como un medio para alcanzar los fines del partido en el poder. Se trata de facilitar a los administrados, medios a través de los cuales el desarrollo de su vida dentro de la sociedad, se dé desde la perspectiva de la garantía de respeto a su integridad física, su libertad, su igualdad, su vida, como un desarrollo de principios como los de solidaridad social, dignidad humana, autonomía de la voluntad, entre otros