Afectación de derechos de poblaciones vulnerables por debilidades en el diagnóstico y la formulación de políticas públicas en Costa Rica: análisis del ámbito laboral de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad

Abstract

Si bien durante los últimos años se han logrado avances significativos a nivel internacional y nacional para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, persiste una problemática pública relacionada a la incapacidad para proporcionar su garantía efectiva, situación que impacta a la sociedad en conjunto y que, por ende, requiere de un papel activo por parte de los Estados. La necesidad de un rol estatal activo es indiscutible en el caso de gobiernos democráticos como el costarricense, dado el nexo indisoluble que existe entre dicha forma de gobierno y los derechos humanos, al ser este régimen político el medio natural para su protección y realización efectiva, habida cuenta que se constituye sobre la base de la voluntad popular y que procura la garantía de una serie de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales para todos los ciudadanos.1 Ante la situación de vulnerabilidad que enfrentan poblaciones como los niños, los adultos mayores, las mujeres agredidas y las personas con discapacidad, los Estados democráticos deben reaccionar con políticas públicas específicas; entendidas como las decisiones que resultan de un proceso de análisis detallado para la atención de un determinado problema público. Las leyes son la más clara respuesta estatal ante un problema público, ya que de acuerdo al principio de legalidad,2 el sector público solo puede hacer aquello que explícitamente se señale en una norma. De tal manera, las leyes son política pública y pueden fungir como marco para la formulación de otras políticas más específicas, que se operacionalizan por diversas instituciones mediante programas, proyectos y servicios.