| dc.description.abstract | Este estudio versa sobre la forma en que se ha pretendido lograr el fin socioeducativo en el proceso penal para procesar personas menores de edad entre los años 2012 y 2016. Es un primer acercamiento sobre el tema, realiza una descripción a nivel nacional de la evolución del sistema de justicia juvenil, apoyado por el desarrollo internacional sobre el tema y los instrumentos de Derechos Humanos y de Niñez y Adolescencia ratificados por nuestro país. Estas herramientas pasan de un sistema tutelar a uno punitivo garantista y, en la actualidad, hacen congruente este procedimiento con un modelo restaurativo.
La orientación del análisis parte de la criminología crítica, dado que permite una visión del origen de la delincuencia penal juvenil, desde las condiciones sociales y culturales que rodean a las personas menores de edad, no así desde aspectos psicológicos o de su madurez. Lo anterior ayuda a relacionar ese contexto con una respuesta que permita superar los obstáculos y otorgue mejores oportunidades de acceso en igualdad de condiciones; además, permite creer en la persona y no etiquetarla por su pertenencia a un estrato social bajo, su edad, nivel educativo, problemas delincuenciales o de drogas, entre otros. Esta visión da un verdadero contenido al fin socioeducativo y su relación con la justicia restaurativa, ya que busca una respuesta realmente acorde a ese contexto social y cultural al ser oportuna y contar con alto apoyo y alto control.
Además, al utilizar un instrumento de entrevista semiestructurada que arrojó información cualitativa, en triangulación de datos estadísticos del Poder Judicial, se realiza una comparación de la efectividad del cumplimiento en la práctica de la prevención especial positiva desde un proceso punitivo garantista y un proceso juvenil restaurativo. Para lograr este objetivo, el estudio abarca Circuitos Judiciales de San José, Cartago, Heredia, Pococí y Limón, lugares donde han implementado las reuniones restaurativas. Precisamente en estos circuitos, los cuales eran los únicos que durante este período tenían la experiencia de aplicar el nuevo modelo de justicia restaurativa, se entrevistaron a las personas fiscales, defensoras, juzgadoras, trabajadoras sociales y psicólogas, que tenían experiencia práctica sobre el tema. Estos sujetos, además de las jefaturas a nivel nacional, representan un alto porcentaje de las personas que conocía la aplicación práctica de ambos modelos en el período de la investigación.Del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, unidos a la doctrina y normativa nacional e internacional, se llega a determinar que el proceso penal juvenil punitivo garantista, para cumplir su finalidad, debe ofrecer mayores oportunidades a las personas menores de edad, conforme lo establece nuestra ley en la materia. Se establece la necesidad de que coexistan ambos modelos, punitivo garantista y restaurativo, pues, más allá de superarse, se completan. Eso sí, cabe destacar que, en algunos supuestos, la respuesta no permite la aplicación del modelo restaurativo, pero, en los casos donde lo permita, da mejores resultados en el logro de la finalidad socioeducativa. En consecuencia, con un proceso restaurativo, se logra de mejor forma la reinserción socioeducativa de las personas menores de edad, por apegarse su trabajo diario a los principios de justicia juvenil.
Asimismo, se evidencia la necesidad de que todas las personas que participan de los procesos penales juveniles estén especializadas, pues deben tener un conocimiento y dedicación especial, sin importar la función en concreto que cumplan. Además, se requiere fortalecer y permitir el crecimiento del modelo restaurativo a nivel nacional, para que los logros obtenidos repliquen en todo el país y, con la práctica, se trasforme, más que en una forma de solución de conflictos, en un valor ciudadano. | es_MX |
