Derecho a la vida, la salud y el derecho a un medio ambiente sano

Abstract

Afirmativamente, la Sala Constitucional ha transformado la vida jurídica, política, social y económica de Costa Rica desde 1989. Sendas resoluciones con temas tan sensibles como la deuda política, la prohibición del uniforme único, la prohibición de la fecundación in vitro, la posibilidad de exhibir la cinta “La Ultima Tentación de Cristo” o que los diputados no puedan ya adquirir un vehículo sin impuestos por el sólo hecho de serlo, ni que decir de la resolución que habilitó a un Expresidente para reelegirse. Estas son solo algunas de las innumerables resoluciones que dan cuenta del profundo cambio que aquel tribunal constitucional ha provocado en nuestro entorno jurídico; y en cuyo caso el tema ambiental no ha sido la excepción en este proceso de enriquecimiento jurídico que ha desarrollado la Sala Constitucional, en donde se ha situado al Derecho Ambiental, en un lugar privilegiado, en su condición de derecho humano y fundamental.

Respecto al derecho humano y fundamental a un medio ambiente sano para la vida humana y respecto al deber del Estado de cumplir con la conservación del medio ambiente, en todas sus manifestaciones, se han emitido ciertos criterios, los cuales algunos relevantes, se analizaran en el presente trabajo.

No cabe duda que la Sala Constitucional, con sus pronunciamientos, en materia ambiental, en donde ha confirmado una y otra vez, que el derecho a un medio ambiente sano, es fundamental y humano, y que por lo tanto, las instituciones públicas y privadas están en la obligación de cumplir con este derecho, ya que este derecho se deriva de los derechos humanos y fundamentales de la vida y la salud, conclusiones que hasta hace no mucho tiempo, eran tabú y omisión en el accionar diario de los entes públicos y privados, encargados de velar por la materia de conservación ambiental y de ahí que el Tribunal Constitucional a partir de su competencia, ha establecido los criterios y principios ambientales, que legalmente le corresponde cumplir al Estado, a través de la legitimación obligante que política y jurídica que le asiste a este, y lo anterior es parte de los temas que abordamos en la presente investigación.