Principios constitucionales del empleo público: los procesos de reestructuración del estado costarricense y la jurisprudencia de la sala constitucional

Abstract

Desde sus orígenes, Costa Rica se formó con base en la idea de un Estado de derecho que fuera capaz de extender, dentro de la vida en sociedad, el respeto por la libertad y la seguridad jurídica. Este ha ido evolucionando conforme se han diversificado distintos pensamientos ideológicos que han caracterizado la vida política, social y legal de cada época. Por ello, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, nuestras constituciones políticas desarrollaron su marco legal desde la perspectiva del liberalismo, concibiendo la participación del Estado únicamente en el cumplimiento de la ley y el orden, y dejando todo lo relativo a las relaciones de producción a cargo del sector privado, sin limitación, ni participación de este. Con el advenimiento del pensamiento social en los años cuarenta, cuando se establecen en nuestra Constitución Política las garantías sociales y el Código de Trabajo, además de los hechos políticos de mil novecientos cuarenta y ocho - que generan el rompimiento del orden constitucional - se dicta en nuestro país la Constitución de 1949, la cual introduce no solo el fortalecimiento de las garantías electorales y la creación de la Contraloría General de la República, sino que además da rango constitucional a las instituciones autónomas y se introduce el Estatuto del Servicio Civil, que será el cuerpo legal encargado de regular las relaciones de los servidores públicos con el Estado empleador. Todo este marco ideológico se reúne en el artículo 50 de la Constitución por medio del cual el Estado asume el compromiso de procurar un mayor bienestar a 5todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.