| dc.description.abstract | El interés por abordar este tema surgió con ocasión de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2000-7818, de las 16 horas 45 minutos del 5 de setiembre del 2000, que declaró sin lugar
la acción de inconstitucionalidad número 00-007428-0007-CO, en la que se discutió la constitucionalidad del artículo 132, inciso 1°, de la Constitución Política, reformado por Ley #4349 de 11 de julio de 1969, en el tanto que prohibía de forma absoluta la reelección en el caso de los expresidentes y exvicepresidentes que hubieran ejercido el cargo durante
la mayor parte de un período constitucional. Ello dio pie a que surgiera nuevamente el tema de los límites del poder de reforma o del poder constituyente derivado, particularmente lo referido a la existencia de “normas pétreas” o “normas intangibles”, así como lo relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Se considera como evidente la importancia de este tema, ya que se refiere, nada menos, que a la posibilidad de modificar la Constitución como complejo normativo fundamental y supremo que jerárquicamente preside todo el ordenamiento jurídico que rige un Estado Constitucional. Cuerpo de normas jurídicas que tradicionalmente ha tenido como función la de organizar, racionalizar y limitar –en sus líneas maestras- el poder estatal, así como garantizar a los individuos sus derechos fundamentales. Por lo que toda modificación a la Constitución puede desplegar profundas
implicaciones en el desenvolvimiento de la vida en comunidad y en la posibilidad del individuo para desarrollar su propio plan de vida.
Tema que resulta vital, pues, como ha indicado Pedro de Vega, es en las normas de reforma constitucional donde el sistema constitucional se pone a prueba consigo mismo y cuando se valora el contenido y el alcance del
propio concepto de Constitución. Esto adquiere particular significación en un caso como el costarricense, en donde la práctica constitucional ha mostrado cierta relatividad en la rigidez del texto constitucional, que ha sido objeto de más de cuarenta reformas parciales que han comprendido, a su vez, más de sesenta normas, lo que implica un promedio de
casi una disposición por año.
Así, el objetivo general de este trabajo es indagar el papel y trascendencia de la reforma constitucional en un Estado Democrático, Social y de Derecho, como es el caso de Costa Rica, así como investigar los límites jurídicos -autónomos o heterónomos- que condicionan legítimamente su ejercicio. Ello implica estudiar lo referente a la
naturaleza jurídica del poder de reforma, la existencia de límites a la reforma constitucional (lo que hace directa alusión al tema de las “normas pétreas” y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y el control de constitucionalidad de que puede ser objeto. Finalmente, se pretende analizar si es posible armonizar el principio democrático (que se
materializa en la facultad del pueblo soberano de definir y redefinir los preceptos fundamentales de su convivencia política) y la existencia de tales límites.
En cuanto a los objetivos específicos, se procura precisar el papel actual de las Constituciones en los regímenes democráticos y su reacción ante los cambios que operan en la realidad que pretenden regular. Analizar la figura de la reforma constitucional, los límites que se evidencian en el derecho comparado, su fundamento y las críticas que se
hacen al respecto. Identificar el fundamento histórico e ideológico que justificó el desarrollo de las “normas pétreas” y el estado actual de la cuestión. Desarrollar el tema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en particular, lo referente a su concepto, contenido, fundamento, evolución e implicaciones respecto de la reforma constitucional. | es_MX |
